“La Constitución en Chile, no garantiza a la población el derecho Universal e igualitario a acceder a servicios de salud bajo responsabilidad del Estado”. (Oficina para Chile de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. ALAMES)
Someramente en comentarios anteriores, he dado mi opinión personal respecto de la transformaciones políticas de nuestro país, principalmente a partir del 11 de septiembre de 1973, la Dictadura Militar, principal impulsora de los cambios políticos, económicos e institucionales impuestos en nuestro país, desarticulando la institucionalidad que naciera al amparo de la constitución del año 1925, protegiendo dichos cambios con la nueva carta magna de 1980, reformulada, maquillada y promulgada durante los gobiernos de la Concertación, con firma incluida del ex presidente Ricardo Lagos Escobar. A fin de intentar una mirada objetiva de estos cambios, las responsabilidades políticas compartidas en los mismos y su influencia actual.
La constitución de 1925, propiciaba principalmente y rol de Estado “solidario”, “garante” y “redistributivo”, que lo hacía responsable y ejecutor de políticas públicas , en favor del impulso de políticas que garanticen un acceso universal a los derechos Económicos , Sociales, Laborales y Culturales.
La dictadura militar entre 1974 y 1988, realizo las reformas que transformaron este tipo de estado, bajo los principios de “subsidiariedad” y “eficiencia”, marcando en hacer más “eficientes” los recursos en manos de privados, liberalizando la economía vía la privatización de bienes públicos, para ello enmarca 7 áreas de modernizaciones, siendo una de ellas la Reestructuración del Sector Salud.
Fue así como a partir de 1979 se reestructuro todo el sector estatal de salud, reorganizando el ministerio de Salud y creando el Sistema Nacional de Servicios de Salud, fijando a su vez las características de financiamiento, destacando la libertad de optar entre público o privado, sin considerar la capacidad económica de los distintos estratos sociales,. Fueron creadas también las ISAPRES, y se concreta al igual que en la educación el traspaso de los establecimientos primarios a los municipios, pasando con esta acción a generar un sistema de salud desigual en cobertura y financiamiento, quedando el nivel de calidad de servicio prestado , a la capacidad presupuestaria y económica de cada municipio, profundizando las desigualdad de la cobertura entre los municipios de más ingresos y los más pobres, acentuándose las diferencias económicas, sociales, étnicas, geográficas, rurales, etc. Haciendo que el servicio dependa solo del dinero del que se disponga para su financiamiento.
A partir de la llegada de la democracia, los partidos de la Concertación, fueron incapaces de impulsar cambios profundo al modelo, tanto de salud como de educación, haciendo solo matices al amparo de la institucionalidad, en el marco “de lo posible”, en cambios de “consenso” dentro de la orgánica neoliberal, impulsando solo “cambios en continuidad”. Llegando a mercantilizarse a niveles extremos a través de “subsidios”, para sostener a la población más carentes de recursos, incluso llegando en gran medidas a actuar como meros administradores del modelo impuesto impulsando incluso en muchas áreas la profundización de la desigualdad de las transformaciones planteadas por la dictadura.
Todo este proceso de transformaciones hace que tengamos hoy un sistema de desigualdad en salud al igual que en educación, que requiere de profundos cambios y de pocos actores capaces y resueltos a impulsarlos, porque aunque en este contexto apareciera el Plan Auge, considerado como buscador de equilibrio en la prestación de servicios, este no cuenta con los mecanismos que hagan exigibles sus garantías, contando con problemas de implementación, coberturas, listas de espera, discriminación y exclusiones. Quedando con la pérdida del derecho constitucional a la salud, el acceso a esta por el modelo de financiamiento, queda solo como una responsabilidad individual, retirando el Estado su responsabilidad y configurándola al igual que la educación en un bien de consumo.
Para Tejemedios escribió:
ENRIQUE EDIS JARA RIVERA
Comunicador Social “Un ciudadano común ante un problema común”
