EDUCACION: ¿UN DERECHO O UN BIEN DE CONSUMO?

“La sabiduría clama en la calle, da su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las puertas de la ciudad da sus razones.” Proverbios cap. I ver. 20/21.

Durante la colonia se consideró por parte de  España, la instrucción como nociva a sus intereses y los libros eran conseguido de contrabando, los criollos con dinero podían estudiar, pero en Europa. En 1811 con la libertad de comercio, ingresan libros, se promueve la cultura y la literatura en círculos cerrados de la sociedad, en 1813 se creó la Biblioteca y el Instituto Nacional. Siendo Don Francisco Antonio Pinto quien en 1827, creó el primer liceo, con profesores ingleses, seguidores del sistema cartesiano creado en Inglaterra, logrando para 1830, funcionar 27 escuelas y alrededor de 2.000 alumnos.
En 1842, Manuel Bulnes, creo la Escuela Nacional de Preceptores a cargo del argentino Domingo Faustino Sarmiento, quien tenía una visión desvalorada de la Patagonia, cosa que no supimos aprovechar cuando fuera en 1860 presidente de su país. En 1843 nace la Universidad de Chile, en 1852 la enseñanza secundaria queda bajo el control del Instituto Nacional, también se forma el Consejo Universitario, todo bajo la iniciativa y manos del Estado.
En  el gobierno de Manuel Montt se dictó la ley Orgánica de Educación, durante el gobierno de Aníbal Pinto en 1879 la ley de educación que tuviera vigencia hasta 1927, entre tanto en 1918 Don Juan Luis Sanfuentes promulga la primera ley de Educación Primaria Obligatoria, muy resistida y criticada por sectores conservadores de la época.
La constitución de 1925, promulgada por Don Arturo Alessandri, impulsa la acción del Estado, promoviendo la alfabetización y el incentivo a la educación a través de becas, almuerzos y desayunos, compartiendo la tarea educacional con instituciones religiosas u y privadas que ofrecían educación gratuita, pero con aportes estatales.
En 1968, fue el último gran impulso del Estado a la educación gratuita, con la creación de hoy privado instituto INACAP, siendo durante el gobierno de salvador Allende el último intento de una reforma promulgada por el estado a través de la ENU, un programa ideológicamente resistido por sus opositores y fracasado en su implementación.
En estos breves párrafos he querido mostrar los mayores impulso de la educación chilena, nacida y gestionada desde el estado chileno como un política pública, asumida en mayor o menor medida por los gobiernos de Chile, sin querer resaltar una obra sobre otra, sino que hacer ver que hasta las fechas precedentes, la educación fue asumida por el estado como una de sus obligaciones con la ciudadanía, en pro del progreso de sus habitantes.

INICIO DEL DETERIORO Y SU PRESENTE.
El inicio del deterioro del sistema educacional publico chileno, se comienza a gestar a partir del 11 de septiembre de 1973, durante el gobierno de la Dictadura Militar, con el simple hecho de que este iniciara en su proceso político militar, la abdicación del deber del Estado frente a la educación, traspasando a los municipios la estructura educacional pública, iniciándose en este proceso un abandono en la mantención de sus infraestructura material y su deterioro en la calidad académica , en una suerte de transformación de la educación pública municipalizada en un pariente lejano y pobre de la educación privada y de la particular subvencionada, dando cuenta de ello la observación de la infraestructura encontrada en relación a la que había cuando muchos chilenos salieron y regresaron después de casi veinte años y pudieron observar sus alicaídas aulas escolares donde antaño cursaron sus estudios.
El recambio institucional chileno, con su cambio ideológico y político impulsado desde el 11 de septiembre de 1973, consolidado con el cuerpo orgánico constitucional de 1980, quita todo sesgo de corte de responsabilidad social del Estado chileno con la garantía de la educación de sus habitantes, privilegiando las instituciones privadas, las privadas subvencionadas y el negocio lucrativo de la educación, desamparando paulatinamente la educación pública, disminuyendo recursos, disminuyendo sus plantas docentes, quitando garantías a quienes trabajan en el campo docente y deteriorando su nivel salarial y su estabilidad laboral, desmejorando también las mallas curriculares y contenidos destinados a los educandos, liberalizando la educación de modo tal que quienes pagan más por este servicio , reciben a su vez una mejor calidad de contenidos.
Retornando el país a causes seudodemocráticos, al ingresar el mundo civil y político a gobernar el país en un proceso llamado de transición, encabezado por Don Patricio Aylwin, se pensó que se buscaría un reencause institucional del país, puesto que este conglomerado político llamado Concertación por la Democracia, era crítico de la moralidad con que había surgido la nueva constitución y propiciaría su cambio, cosa que no se produce, ni se menciona en aras de la “justicia en la medida de lo posible” y la vigilancia de las FF.AA. en una impuesta “democracia protegida”. Y por el contrario durante este proceso político, se produce una adaptación de políticos al sistema educacional imperante y muchos de ellos se transforman en sostenedores educacionales e inversores del sistema particular subvencionado, descubriendo allí un nicho de negocio lucrativo al amparo de normativas que no convenía modificar, por el contrario las supieron aprovechar muy bien en su beneficio.

Al amparo de ello y en un silencio político cómplice, se continua durante veinte años, con la profundización del deterioro de la educación pública municipalizada, en una espiral sin retorno a sus inicios y negando toda responsabilidad del Estado chileno en garantizar una educación de calidad a sus ciudadanos sin recursos
Para acceder a la educación privada, cierta bonanza económica en los hogares chilenos, amparada en un modelo privado y subvencionado, competitivo, con mejores recursos y calidad, produce la deserción del sistema público de educandos hacia el sistema privado y semiprivado, agudizando su deterioro y sustentabilidad frente a una educación en la que no puede demostrar una mejora en su calidad ni competir, produciendo un fortalecimiento del sistema privado y generando a este una rentabilidad lucrativa en exceso y moralmente cuestionable.

El recambio ideológico político que trae el modelo económico neoliberal, hace que irrumpa una nueva ideología y fuerza política en los sectores conservadores de la política chilena, que copa en mundo político, ingresando a un nuevo gobierno una coalición formada en una alianza político empresarial, encabezada por Don Sebastián Piñera, un político dedicado durante la implementación del modelo a la vida privada y empresarial, constituyéndose en uno de los hombres más ricos de Chile y dueño de una cartera de variadas inversiones, llevando a conformar un gobierno de corte más empresarial que político, profundizando los privilegios al mundo privado en la determinación y regulación de las políticas públicas, apareciendo el concepto de “educación como bien de consumo” por sobre el de la “educación como derecho ciudadano”.

CONCLUSIÓN FINAL:
Ante esta realidad y los efectos de segregación producido por este modelo educativo, que ha transformado la educación pública municipal en un elemento exclusógeno social, al cual los sectores más desprotegidos y vulnerables acceden solo por no tener acceso a otro, es que debe plantearse como política de Estado un redefinición del sistema educativo en Chile.
Nuevamente es un desafío que no puede estar ausente de los programas de postulantes al gobierno de recambio, y una clara definición a la luz del actual modelo educativo y su futuro, optaran en su ejecución de políticas públicas en sus gobiernos , por la de brindar una educación como ¿derecho ciudadano? O ¿bien de consumo? Y en base  a esta definición clarificar el rol de Estado de cara a la desigualdad existente en nuestro modelo económico social, que nos dice que todos los chilenos no están en condiciones de enfrentar la segunda opción, sin un Estado garante de una educación de calidad y gratuita para los más desprotegidos económica y socialmente, puesto que quienes están en el sector de mayores ingresos , al igual que los criollos de la época de la colonia, podrán siempre acceder a los colegios y universidades pagados o no ya sea dentro o fuera de nuestro territorio, situación que el mundo asalariado y de menores ingresos no puede hacer, y esto no es implementando un sistema de gratuidad para todos como se pretende hacer ver para excusar su implementación, sino como un sistema justo de calidad y que resuelva el ingreso a la educación en igualdad de condiciones a ricos y pobres y con una calidad adecuada a la potencialidades académicas de todo los ciudadanos, conforme a sus capacidades intelectuales y no a su capacidad de recursos económicos, en razón a que todos llegamos a este mundo en igualdad de condiciones , solo diferenciados en la calidad de la cuna que nos acoge, lo que no es signo de una diferencia natural ni menos divina.

Al término de esta crónica, se había concretado la segunda censura legislativa contra un ministro de educación en esta nueva democracia, bajo un manto de polarización política, propio de un sistema poco representativo, y en el que existen dos grandes bloques políticos, con muy pocos independientes, pero donde estos tienen un rol tal que de ellos dependen muchas aprobaciones legislativas, contentos unos , tristes otros, el Sr. Harald  Beyer es hoy, pasado de la educación chilena, más su profunda crisis es presente y pendiente de solución.

Para Tejemedios escribió:
ENRIQUE EDIS JARA RIVERA

ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE: ¿ES POSIBLE EN CHILE?

“Cuando una ley es injusta lo correcto es desobedecer” (Mahatma Gandhi).

Nuestra historia política constituyente, nos muestran diez modelo de carta orgánica para nuestra vida democrática y política, desde los albores de la independencia, siendo el  primer texto conocido y promulgado, en 1812, con casi un año de vida, contenía un preámbulo constitucional y 27 artículos, nacido con una fuerte influencia del cónsul estadounidense de la época y considerado como el primer texto chileno que manifestaba una velada declaración de independencia de Chile.

En la actualidad nos rige un código Constitucional elaborado en el gobierno de la Dictadura Militar, con un sesgo ideológico determinado y parcializado, generado en circunstancias particulares de nuestra vida política, donde no existía una marco de pluralismo ideológico y menos de participación ciudadana en su elaboración , situación que a los políticos contemporáneos a su redacción y excluidos de ella , les hiciera afirmar que adolecía de vicios de ilegitimidad , que deberían corregirse en periodos democráticos de ejercicio político representativo posteriores al régimen que lo redactara.
Con cierto grado de participación ciudadana a través de un plebiscito,  a este cuerpo Constitucional se le dio un corte de legitimidad y con posteriores pequeñas modificaciones impulsadas en los gobierno de la Concertación, se selló su total legitimidad actual, olvidando la cuestionada moralidad de su génesis.
Por esto hoy justa legitimidad cobra cierta fuerza la idea de su modificación e incluso la de generarse está a través de una Asamblea Constituyente, situación que se encuentra radicada en nuestro ADN político ni es parte de nuestra cultura y que la gran mayoría ciudadana en un país con nula educación cívica, entiende o sabe medianamente de que se trata una propuesta de esta índole.
Para comprender en algo la propuesta de una Asamblea Constituyente, podemos decir que en países vecinos esta práctica se ha impulsado, pero por gobiernos que en Ecuador, Argentina, Bolivia, Venezuela entre otros, este proceso se ha dado al amparo de gobiernos que han logrado un apoyo mayoritario de sus ciudadanos , con las mismas reglas de juego democrático que le ofrecían las constituciones anteriores , y a través de estas mayorías lograron impulsar desde el poder ejercido los cambios constitucionales en sus respectivos países, algunos de ellos ya con un precedente de haber generados sus Constituciones Políticas del  Estado a través de Asambleas Constituyentes , como el ejemplo de argentina, donde desde su primera Constitución Política se tuviera su redacción  por este medio de participación democrática.
Por el contrario, nuestro país siempre ha adolecido de esta experiencia política organizativa en su institucionalidad, situación que no coarta la opción de que se implemente esta experiencia, pero que sugiere dudas al entendimiento ciudadano, sobre el discernimiento de una propuesta de esta magnitud, de la que nuestra cultura cívico-política no tiene precedente, esto debido a que desde nuestro primer Reglamento Constitucional Provisorio de 1812 hasta la actual Constitución Política de 1980, estos procesos se al realizado en círculos jurídicos cerrados, entre pocas personas, sin una participación pluralista de ideas, lo que generar cuerpos de Cartas Magnas , semis-democratizadas a través de tibias participaciones ciudadanas en plebiscitos electorales, donde solo el ciudadano ha podido optar  por la aprobación o el rechazo de estos cuerpos legales, sin en muchos casos siquiera tener lugar al estudio o debate de sus principios, siendo solamente impulsado a modo de justificación y amparo legal de la vigencia de sus textos.
Que ha pasado en otras latitudes y otras experiencias al respecto, en el general de los casos se ha procedido a la elección directa y universal de una Asamblea General Constituyente, con representantes electos directamente por la ciudadanía mediante un ejercicio democrático y representando a todo el espectro político, social y representativo de la ciudadanía, a efecto de tener una temática amplia y de participación, para los distintos temas de influencia en la vida ciudadana y política. Siendo estos Parlamentos Constituyentes una asamblea representativa de la ciudadanía en la que en muchas de ellas se supera con creces el número de representantes con respecto a sus Congresos Legislativos, actuando en paralelo al poder político tanto ejecutivo como legislativo, abocándose única y exclusivamente a la redacción de la Constitución Política sin, injerencia de los demás poderes del Estado a no ser que en razón de algún tema en específico se solicite por los Constituyentes en áreas determinadas.
En nuestro caso y ante las actuales condiciones de participación y leyes electorales, sería muy difícil lograr un espectro ampliamente representativo para una instancia tal dado a la leyes electorales actuales, binominal de por medio, leyes de amarre vigentes que podrían dificultar la tarea y leyes secretas que pocos conocen y que están amparando el sistema político institucional vigente, en aras de una supuesta democracia protegida que rige los destinos políticos y organizativos de nuestra sociedad chilena, que dificultarían con su vigencia el ejercicio democrático de una Asamblea Constituyente, la aprobación de sus postulados y la legitimidad de estos por los entrampes legales anteriores y que tienen plena vigencia por la aceptación a través de modificaciones legales al amparo de las leyes vigentes y los gobiernos democráticos de los últimos 24 años.

LAS DOS POSIBILIDADES DE UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTES EN CHILE.

1) La primera opción de poder impulsar una Asamblea Constituyente en Chile, esta dada en la posibilidad de ruptura del esquema binominal , través del doblaje electoral , que de una mayoría representativa y que quienes logren esa mayoría sean impulsores de la idea de una Asamblea Constituyentes ,que brinde los quórum legislativos , para impulsar las derogaciones de leyes de amarre, binominal y leyes secretas que impidan el legítimo derecho a la representación pluralista de la sociedad chilena, en forma democráticamente proporcional, donde todos los pensamientos y filosofías estén representados y puedan consensuar un Carta Magna nacida de una democracia representativa horizontal y pluralista, que de fuerza y legitimidad a una nueva Constitución Política de Estado de Chile.

2) La segunda posibilidad y la más difícil , es que esta necesidad nazca de la base ciudadana, situación que a las actuales generaciones, ausentes de la vida y participación política, apática de sus práctica, no está en condiciones ni siquiera de entender la necesidad, ni el beneficio que pueda llegar a significar para la sociedad chilena , el ejercicio democrático de generarnos un nueva Constitución Política , puesto que la gran mayoría de chilenos, cívicamente mal formados ni siquiera entienda que es una Asamblea Constituyente y mucho menos para que sirve, puesto que es algo que no está en ninguna parte de nuestra historia.

CONCLUSIÓN
Sin pretender como demócrata confeso, querer ser un sepulturero de estas aspiraciones, las que en su génesis son la expresión más representativa y democrática de un sistema republicano, la de generarse sus propios códigos y fundamentos organizativos, las Asambleas Generales Constituyentes, aparecen en nuestro horizontes como una real y autentica posibilidad de enmendar rumbos equívocos y corregir nuestro modelo de sociedad en base a la participación , el debate, la aceptación del pluralismo político y la tolerancia a ver participar de la vida ciudadana aun a quienes piensan distinto a agentes del ejercicio del poder político, ejercido con una moralidad dudosa y regulado con leyes y principios poco representativos de los ciudadanos, donde la apatía y la anarquía y el acceso limitado al poder político con leyes que entrampan el compartimiento del poder, que es la base de la democracia, pueda con un ejercicio ciudadano representativo, darnos un cuerpo orgánico que realmente nos saque de este letargo y vacío político en vigencia.
Por lo que concretar una Asamblea Constituyente en nuestro país sería un renacer a la vida democrática y de legítima participación ciudadana.

Para Tejemedios escribió:
ENRIQUE EDIS JARA RIVERA
Comunicador Social “Un ciudadano común ante un problema común”

¿ES NUESTRO MODELO ECONÓMICO JUSTO Y REGULADO?

“Es bastante bueno que la gente no entienda nuestro sistema bancario ni monetario, porque si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana”. (Henry Ford).

Los griegos, inventores de la democracia , y sus filósofos de esa época, planteaban como justa proporcionalidad entre quienes ganaban más y quienes menos una escala de 1:4 ó 1:5, como algo justo, incluso esta diferencia en los guarismos era discutida y sostenida con tenacidad, por quienes la pregonaban. Yo pienso qué dirían hoy al ver que en nuestro país esta proporcionalidad supera la escala de 1:100, y que los gerentes de primer nivel ganan en 15 días lo que un asalariado remunerado con el salario mínimo consigue en un año, según estudios de fundaciones nacionales conocidos al respecto.

Según la estadísticas económicas entregadas por organismos internacionales, nuestro país el año 2011, de ocupar el segundo lugar en el ingreso per cápita de Latinoamérica, lograba el sexto lugar en su salario mínimo, con U$S 365,54 y un par cápita de U$S 15.866,45 lejos de lo U$S 698,60 de Venezuela con un per cápita de U$S 11.570, que ocupaba el primer lugar.

Este rango salarial según especialista de la OIT, ajustado a sus indicadores, que dividen el salario mínimo por PIB, estaría en un nivel del 29% el más bajo en los últimos 23 años, produciendo un peligro para la economía y transformándolo en un “mini salario mínimo”.

En nuestro país el  año 2010 la brecha salarial entre el salario mínimo y máximo era de 1:91 y el 2011 aumento de 1:102, siendo el patrón de la OCDE promedio 1:32. Entonces cabe preguntarse quién fija el salario máximo, aquél que perciben 5 familias chilenas que acumulan y reparten un patrimonio equivalente al 20% del P.I.B. En una defensa con amparo de la política oficial de no aumentar el ingreso mínimo que en la actualidad llega a cubrir menos del 70% de la línea de pobreza, sin cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia.
A todo esto debemos agregar la nueva encuesta de Empleo, implementada por el I.N.E como Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) sigla que en su nominación da cuenta de un cuento de niños, dado que sus guarismos permiten ingresar al mundo del empleo remunerados a 636.000 chilenos pertenecientes al mundo del Subempleo, considerando incluso a quienes trabajan por más de una hora como en empleo pleno. Con esta indignidad salarial y falta de solidaridad en la distribución económica, cabe preguntarse sobre el futuro de nuestra generaciones y si estos rangos salariales y sus brechas de desigualdad aseguran un “jubileo” a quienes están ad-portas de este beneficio, en razón de que según la encuesta ENETS del gobierno sitúa al 76% de los trabajadores chilenos en un rango salarial inferior a los $ 350.000 , lo que no daría a sus aportes previsionales la más mínima opción de alcanzar el famoso numerito que cada trabajador chileno llevara bajo el brazo en un particular aviso publicitados por las AFPs, hace un tiempo. Esto sumado a que el 80% vive con remuneraciones inferiores a $ 800.000, y con un 1 % que supera los $8.000.000 mensuales, entre quienes se cuentan nuestros parlamentarios, nos permite situarnos entre los 20 países con la peor distribución de ingreso del mundo.


Esta situación nos hace ponernos alertas y atentos, puesto que han aparecido incentivos a propiciar aún más el descarado método de querer sugerirnos que los famoso APV nos solucionaran el problema futuro, ante un sistema de AFPs que de ser un modelo supuestamente envidiado por el mundo, este sistema previsional privado, solo duro días en Argentina, no lo tienen incorporado otros países desarrollados y en el nuestro sus gestores e impulsores que fuera la dictadura militar, no lo incorporo a la previsión de las FF.AA. dejándolas estas al resguardo del Estado.
En el Chile de hoy además surgen voces de ambos conglomerados mayoritarios de nuestra vida política la posibilidad de salvar el sistema mediante , el aumento de la edad de jubilación a 70 años en varones y 65 en mujeres, aumentar también el incremento porcentual de descuento a los trabajadores , para de esta forma salvar un sistema que está dando muestras de ineficacia y del cual los cotizantes con menores ingresos salarios, en su mayoría no lograran jubilaciones con suerte superiores a los $150.000.
Sin contar que además nuestro sistema de cotizaciones es unos de los pocos en el mundo donde solo el cotizante es el trabajador en un 10% para jubilación y un 7% para salud, quedando totalmente exento de contribución la parte patronal y garante del depósito de estos fondos a las administradoras y en caso de no depositarlos en un lapso de 5 años, esta irregularidad queda prescrita de reclamo, perdiendo el trabajador los fondos no depositados y su derecho a reclamarlos legalmente.
A todo lo anterior se suma prácticas laborales de contratistas y subcontratistas que al amparo de los mandantes empresariales se coluden en prácticas antisindicales y de toda tipo de organización laboral, desde los comités paritarios formados a criterio patronal hasta el despido por pretender organizarse en sindicatos, llegando a situaciones de muertes de dirigentes sindicales , como es el caso del presidente de la Federación de Trabajadores de AZETA , empresa contratista de Chilectra, Juan Pablo Jiménez Aguirre , ocurrida el pasado 21 de febrero de 2013, al interior de la propia empresa y frente a las oficinas de su jefatura, luego de concurrir a ella a retirar y revisar documentación por su labor sindical, habiendo una audiencia pendiente para ese viernes 22 de febrero , donde dicho dirigente había denunciado prácticas de acoso, abuso laboral y despidos injustificados contra sus empleadores, donde en el transcurso del año 2012 había fallecido el trabajador Richard Trincado en un accidente laboral e ocurrido en unas líneas de tensión.
Sumado además a la negativa de la parte investigativa tanto fiscalía como P.D.I. a incorporar un perito balístico contratado por el sindicato a colaborar en la investigación y búsqueda de evidencias, de un hecho a priori adjudicado a una “bala loca”, situación que ha dejado en entredicho los acontecimientos en relación al hecho, llegando incluso dirigentes de reconocimiento nacional , ligados a la conducción de la CUT, a sugerir en estos, una suerte de “terrorismo empresarial”, situación que el gobierno apresuradamente acusa de irrisoria, pero donde a la luz de las prácticas empresariales de avaricia sin escrúpulos y subcontratos que incumplen las normas de seguridad no está ajena a la imaginación de quienes viven a diario estas situaciones, como las de nuestra capital regional donde trabajadores contratistas, debieron colgarse, por 15 días a 70 metros de altura, para exigir a un consorcio ligado al retayl en las obras de un mall del Centro penquista, el pago de más de $ 1.000 millones en SALARIOS , situación que tuvo que llegar a la mediación episcopal del arzobispo de la diócesis, por incompetencia de las autoridades laborales, y así tras la promesa del pago del 50% de la deuda ya vencida, depusieran su acción los manifestantes, no con la plena seguridad de ningún estamento legal , que le cumplan lo prometido, situación que en el plano laboral se ve en todos los ámbitos , donde nos empleadores se jactan de poder alargar los conflictos y huelgas a sus propios caprichos , puesto que la “legislación laboral” del éxito económico del país se lo permite, con leyes que en más de 23 años de retorno a la “democracia” , la voluntad del legislativo nunca ha querido cambiar, como tampoco reponer el fuero sindical evitando el despido de dirigentes con mandato vigente como es el caso de los portuarios de la empresa Ultraport despedidos durante el actual conflicto portuario.
Por eso hoy es importante en el umbral de un año , en que se juega la elección de nuevas autoridades de dos poderes del Estado, quienes se postulan a ello deban tener un mensaje claro a la ciudadanía sobre estas prácticas, sobre todo quienes hoy están situados en la oposición al gobierno actual , en sus pretensiones , tanto ejecutivas como legislativas , que futuro pretenden brindar al mundo laboral en todo su conjunto , que mejoras propiciaran, puesto que son quienes dicen manifestar un sesgo ideológico distinto a la actual administración, pero que en veinte años de ejercicio del poder político nada hicieron respecto de estos abusos, bajo el lema de “la justicia en la medida de lo posible” , lo que sólo siguió, permitiendo, amparando, propiciando y justificando esta malas prácticas, de abusos laborales, previsionales y desigualdad salarial por las débiles leyes que no protegen los derechos laborales de un país económicamente exitoso y legalmente de una precariedad absoluta.

Para Tejemedios escribió:
ENRIQUE EDIS JARA RIVERA
Comunicador Social “Un ciudadano común ante un problema común”