“Es bastante bueno que la gente no entienda nuestro sistema bancario ni monetario, porque si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana”. (Henry Ford).
Los griegos, inventores de la democracia , y sus filósofos de esa época, planteaban como justa proporcionalidad entre quienes ganaban más y quienes menos una escala de 1:4 ó 1:5, como algo justo, incluso esta diferencia en los guarismos era discutida y sostenida con tenacidad, por quienes la pregonaban. Yo pienso qué dirían hoy al ver que en nuestro país esta proporcionalidad supera la escala de 1:100, y que los gerentes de primer nivel ganan en 15 días lo que un asalariado remunerado con el salario mínimo consigue en un año, según estudios de fundaciones nacionales conocidos al respecto.
Según la estadísticas económicas entregadas por organismos internacionales, nuestro país el año 2011, de ocupar el segundo lugar en el ingreso per cápita de Latinoamérica, lograba el sexto lugar en su salario mínimo, con U$S 365,54 y un par cápita de U$S 15.866,45 lejos de lo U$S 698,60 de Venezuela con un per cápita de U$S 11.570, que ocupaba el primer lugar.
Este rango salarial según especialista de la OIT, ajustado a sus indicadores, que dividen el salario mínimo por PIB, estaría en un nivel del 29% el más bajo en los últimos 23 años, produciendo un peligro para la economía y transformándolo en un “mini salario mínimo”.
En nuestro país el año 2010 la brecha salarial entre el salario mínimo y máximo era de 1:91 y el 2011 aumento de 1:102, siendo el patrón de la OCDE promedio 1:32. Entonces cabe preguntarse quién fija el salario máximo, aquél que perciben 5 familias chilenas que acumulan y reparten un patrimonio equivalente al 20% del P.I.B. En una defensa con amparo de la política oficial de no aumentar el ingreso mínimo que en la actualidad llega a cubrir menos del 70% de la línea de pobreza, sin cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia.
A todo esto debemos agregar la nueva encuesta de Empleo, implementada por el I.N.E como Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) sigla que en su nominación da cuenta de un cuento de niños, dado que sus guarismos permiten ingresar al mundo del empleo remunerados a 636.000 chilenos pertenecientes al mundo del Subempleo, considerando incluso a quienes trabajan por más de una hora como en empleo pleno. Con esta indignidad salarial y falta de solidaridad en la distribución económica, cabe preguntarse sobre el futuro de nuestra generaciones y si estos rangos salariales y sus brechas de desigualdad aseguran un “jubileo” a quienes están ad-portas de este beneficio, en razón de que según la encuesta ENETS del gobierno sitúa al 76% de los trabajadores chilenos en un rango salarial inferior a los $ 350.000 , lo que no daría a sus aportes previsionales la más mínima opción de alcanzar el famoso numerito que cada trabajador chileno llevara bajo el brazo en un particular aviso publicitados por las AFPs, hace un tiempo. Esto sumado a que el 80% vive con remuneraciones inferiores a $ 800.000, y con un 1 % que supera los $8.000.000 mensuales, entre quienes se cuentan nuestros parlamentarios, nos permite situarnos entre los 20 países con la peor distribución de ingreso del mundo.
Esta situación nos hace ponernos alertas y atentos, puesto que han aparecido incentivos a propiciar aún más el descarado método de querer sugerirnos que los famoso APV nos solucionaran el problema futuro, ante un sistema de AFPs que de ser un modelo supuestamente envidiado por el mundo, este sistema previsional privado, solo duro días en Argentina, no lo tienen incorporado otros países desarrollados y en el nuestro sus gestores e impulsores que fuera la dictadura militar, no lo incorporo a la previsión de las FF.AA. dejándolas estas al resguardo del Estado.
En el Chile de hoy además surgen voces de ambos conglomerados mayoritarios de nuestra vida política la posibilidad de salvar el sistema mediante , el aumento de la edad de jubilación a 70 años en varones y 65 en mujeres, aumentar también el incremento porcentual de descuento a los trabajadores , para de esta forma salvar un sistema que está dando muestras de ineficacia y del cual los cotizantes con menores ingresos salarios, en su mayoría no lograran jubilaciones con suerte superiores a los $150.000.
Sin contar que además nuestro sistema de cotizaciones es unos de los pocos en el mundo donde solo el cotizante es el trabajador en un 10% para jubilación y un 7% para salud, quedando totalmente exento de contribución la parte patronal y garante del depósito de estos fondos a las administradoras y en caso de no depositarlos en un lapso de 5 años, esta irregularidad queda prescrita de reclamo, perdiendo el trabajador los fondos no depositados y su derecho a reclamarlos legalmente.
A todo lo anterior se suma prácticas laborales de contratistas y subcontratistas que al amparo de los mandantes empresariales se coluden en prácticas antisindicales y de toda tipo de organización laboral, desde los comités paritarios formados a criterio patronal hasta el despido por pretender organizarse en sindicatos, llegando a situaciones de muertes de dirigentes sindicales , como es el caso del presidente de la Federación de Trabajadores de AZETA , empresa contratista de Chilectra, Juan Pablo Jiménez Aguirre , ocurrida el pasado 21 de febrero de 2013, al interior de la propia empresa y frente a las oficinas de su jefatura, luego de concurrir a ella a retirar y revisar documentación por su labor sindical, habiendo una audiencia pendiente para ese viernes 22 de febrero , donde dicho dirigente había denunciado prácticas de acoso, abuso laboral y despidos injustificados contra sus empleadores, donde en el transcurso del año 2012 había fallecido el trabajador Richard Trincado en un accidente laboral e ocurrido en unas líneas de tensión.
Sumado además a la negativa de la parte investigativa tanto fiscalía como P.D.I. a incorporar un perito balístico contratado por el sindicato a colaborar en la investigación y búsqueda de evidencias, de un hecho a priori adjudicado a una “bala loca”, situación que ha dejado en entredicho los acontecimientos en relación al hecho, llegando incluso dirigentes de reconocimiento nacional , ligados a la conducción de la CUT, a sugerir en estos, una suerte de “terrorismo empresarial”, situación que el gobierno apresuradamente acusa de irrisoria, pero donde a la luz de las prácticas empresariales de avaricia sin escrúpulos y subcontratos que incumplen las normas de seguridad no está ajena a la imaginación de quienes viven a diario estas situaciones, como las de nuestra capital regional donde trabajadores contratistas, debieron colgarse, por 15 días a 70 metros de altura, para exigir a un consorcio ligado al retayl en las obras de un mall del Centro penquista, el pago de más de $ 1.000 millones en SALARIOS , situación que tuvo que llegar a la mediación episcopal del arzobispo de la diócesis, por incompetencia de las autoridades laborales, y así tras la promesa del pago del 50% de la deuda ya vencida, depusieran su acción los manifestantes, no con la plena seguridad de ningún estamento legal , que le cumplan lo prometido, situación que en el plano laboral se ve en todos los ámbitos , donde nos empleadores se jactan de poder alargar los conflictos y huelgas a sus propios caprichos , puesto que la “legislación laboral” del éxito económico del país se lo permite, con leyes que en más de 23 años de retorno a la “democracia” , la voluntad del legislativo nunca ha querido cambiar, como tampoco reponer el fuero sindical evitando el despido de dirigentes con mandato vigente como es el caso de los portuarios de la empresa Ultraport despedidos durante el actual conflicto portuario.
Por eso hoy es importante en el umbral de un año , en que se juega la elección de nuevas autoridades de dos poderes del Estado, quienes se postulan a ello deban tener un mensaje claro a la ciudadanía sobre estas prácticas, sobre todo quienes hoy están situados en la oposición al gobierno actual , en sus pretensiones , tanto ejecutivas como legislativas , que futuro pretenden brindar al mundo laboral en todo su conjunto , que mejoras propiciaran, puesto que son quienes dicen manifestar un sesgo ideológico distinto a la actual administración, pero que en veinte años de ejercicio del poder político nada hicieron respecto de estos abusos, bajo el lema de “la justicia en la medida de lo posible” , lo que sólo siguió, permitiendo, amparando, propiciando y justificando esta malas prácticas, de abusos laborales, previsionales y desigualdad salarial por las débiles leyes que no protegen los derechos laborales de un país económicamente exitoso y legalmente de una precariedad absoluta.
Para Tejemedios escribió:
ENRIQUE EDIS JARA RIVERA
Comunicador Social “Un ciudadano común ante un problema común”
